Comunicado del ex-fiscal Gral. Carlos Jimenez Villarejo el 14-4-12

Comparto plenamente el Manifiesto de la FAVB, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona: “sempre hem manifestat el nostre més ferm rebuig a totes les formes de violència. Considerem que el dret a la protesta ha de poder-se expressar de forma pacífica, sense ésser desvirtuat per accions violentes de part dels manifestants o de la policia”. Parto, pues, de este presupuesto. Pero las noticias que cada día conocemos contrastan rotundamente con este propósito pacífico y constructivo. Basta repasar algunas de las noticias publicadas recientemente en un diario de máxima difusión: “Los mercados acentúan el ataque”. Recalco, “el ataque”. “Un recorte de mas de 6.000 millones de euros en gasto sanitario”. “Educación (en Catalunya) recortará en dos años el 38% a las guarderías”. En otro orden de cosas, el Gobierno de España acuerda una amnistía fiscal que protege y, en cuanto declara la impunidad del fraude fiscal, lo estimula. Como también ampara y premia los capitales depositados en los paraísos fiscales (10 billones de euros, según el Parlamento Europeo -abril de 2010-). Días después, se da la noticia de que “El Juez bloquea una cuenta en Suiza ligada a Urdangarín”. Y, paralelamente a todo esto, hace tres meses que el Gobierno aprobó una reforma laboral que representa un golpe de estado contra los principios constitucionales que conforman las relaciones de trabajo, destruye derechos fundamentales de los trabajadores y profundiza la “sociedad desigual” en la que vivimos según el Tribunal Constitucional. Por otra parte, otra noticia muy preocupante: “Indultados cinco mossos condenados por torturas, las más graves cometidas en Catalunya por ese cuerpo policial, lo que les permitirá volver a ejercer de policías”. Todo ello condujo a la grandiosa manifestación del 29 de Marzo en Barcelona. Muchos miles de ciudadanos expresamos, en una gran muestra de civismo, nuestra radical oposición al proceso de destrucción deliberada del Estado Social -en beneficio de los “trabajadores de toda clase” como decía la Constitución Republicana de 1931- y que ha costado edificar durante treinta años con muchos sacrificios y luchas. Ciertamente, en dicha jornada hubo incidentes violentos aislados por parte de quienes confunden la legítima protesta ciudadana con un desahogo agresivo tan inútil como perjudicial para los fines legítimos de la protesta. Pero, en cualquier caso, la relevancia de dichos hechos para el sistema democrático es nula. Porque, realmente, ¿quiénes están destruyendo el sistema democrático y de bienestar social? ¿Quienes están “atacando” los derechos a la educación y a la salud que son bases indispensables de una sociedad libre e igualitaria? ¿Quienes están empobreciendo nuestro país mientras se agranda la brecha entre pobres y ricos?. ¿Son los poderosos del capitalismo y sus empleados políticos -los Gobiernos de CiU y del PP- que ejecutan subordinadamente las órdenes de Wall Street, de Bruselas y de la gran Banca. Un día la revista Rollings Stone clamó en vano: “A la cárcel con los de Wall Street”. Naturalmente, ni allí ni aquí nadie está respondiendo penalmente por los numerosos delitos que están cometiendo causando gravísimos perjuicios materiales y morales a la población. Pero, eso sí, los autores de los incidentes del 29 de Marzo, llamar a unirse a la huelga general, cortar el tráfico en una vía pública, hacer frente a las fuerzas de seguridad con mayor o menor virulencia y destruir unos contenedores, constituyen gravísimos delitos, que motivan detenciones y prisiones y llevan a los responsables políticos de Interior de Catalunya y España a plantear reformas autoritarias del Código Penal y a endurecer desproporcionadamente las penas con que hoy están razonablemente castigadas dichas conductas. Y precisamente lo hace el conseller Puig que dejó sin efecto el Código Ético de la Policía que, que por vez primera en España, pretendía garantizar los derechos ciudadanos frente a los abusos policiales, proteger a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos fundamentales, como el de manifestación, y restringir y hasta suprimir el empleo por las Unidades Andisturbios de medios peligrosos y lesivos -como las pelotas de goma- que ya han causado demasiados daños injustificados e irreversibles -como pérdidas de visión- a jóvenes manifestantes. Exigimos que se ponga fin a esta tendencia hacia una concepción autoritaria -y, por qué no decirlo, franquista- del orden público, donde el criterio dominante era lo que se entendía como “tranquilidad en las manifestaciones externas de la vida colectiva” y a esa tranquilidad se subordinaba el ejercicio de los derechos ciudadanos. Exactamente, como ahora pretenden. La cultura democrática exige a todos y, particularmente a quienes gobiernan, la aceptación de que la legítima ocupación del espacio público puede generar limitaciones parciales y temporales a derechos de otros ciudadanos pero deben aceptarse como parte y consecuencia del ejercicio de derechos democráticos. En todo caso, la actuación policial siempre debe evitar ser abusiva, arbitraria y discriminatoria para los ciudadanos y, excepcionalmente, si es indispensable el empleo de la fuerza, debe ser la mínima e indispensable para resolver el problema al que se enfrentan. La policía no está por encima de la Ley y el respeto a la dignidad humana es siempre inexcusable. Pero todos estos principios están en peligro por unas políticas de seguridad pública donde la arrogancia y prepotencia policial está sustituyendo al respeto de los principios y valores democráticos que, concretamente ante el ejercicio del derecho de manifestación, pasa por el diálogo y la mediación, incluso en situaciones difíciles. En este contexto, resulta muy preocupante el Auto del Juzgado de Instrucción nº 18 de Barcelona del pasado 8 de Abril reiterando la prisión provisional respecto de dos detenidos. Para justificar dicha medida, que solo puede ser excepcional en cuanto representa un adelantamiento de la pena, se refiere a la actuación de diversas personas -entre los que parecían encontrarse los dos presos- como “grupo vandálico” que expresaban “una alta peligrosidad criminal”. ¡Qué calificación quedará para los delincuentes verdaderamente peligrosos!. Para añadir, en un cálculo más que prematuro en esta fase del proceso, que las penas que pudieran imponérsele serían, como mínimo, las de “cinco años y medio de prisión”. Es decir, en una fase tan incipiente del proceso, sobre la base de un mero atestado policial, ya está previendo unas penas muy superiores a las propias de un delito de lesiones graves o a la mitad de las penas señaladas para el homicidio. Es un criterio cargado de irracionalidad que concluye atribuyendo a los presos, en una previsión mas propia de los tiempos de la persecución franquista de la “peligrosidad social”, “un alto pronóstico de comisión pasada (¿) y futura de hechos análogos” . Y, para fundar su previsión cita como razón del mantenimiento de la prisión la próxima celebración en Barcelona de acontecimientos -como el Primero de Mayo y la “Cumbre de Presidentes de Bancos” -donde la Juez ya predice de forma absolutamente infundada y con criterios impropios de una decisión judicial que “se producirán actos vandálicos”, con “el riesgo de participación (en ellos) de los hoy encausados”. Es más, ya preconiza, desde una interpretación completamente distorsionada de la Ley sobre el riesgo de comisión de otros delitos, que, además, los que permanecen en prisión lo harían “pertrechados con los mismos elementos incendiarios e inflamables con lo que fueron detenidos”. Todo un ejemplo, condenable por su carencia de objetividad y, por tanto, antidemocrático, de lo que se denomina la aplicación de un Derecho Penal del “enemigo”, en este caso, por razones políticas. Por cierto, ¿qué pensará la Juez de los Bancos y sus Presidentes como determinantes de la crisis económica mundial, del empobrecimiento de millones de ciudadanos y de la destrucción de tantos derechos humanos en el mundo? Su afanosa y anticipada protección de los mismos, mas propia de servicios de seguridad que del poder judicial, ¿justifica la durísima medida que ha acordado? Señora Juez, creo, somos muchos los que creemos, que el verdadero y auténtico “vandalismo” está entre quienes, asistan o no a esa Cumbre, son los responsables de la tragedia expuesta que vive el mundo y no en esos jóvenes que -responsables o no penalmente, ya se verá- es evidente que, por mas que lo proclamen los medios conservadores, no han puesto en peligro los cimientos del Estado democrático. Esos cimientos están siendo derribados por quienes controlan los mercados y sus fieles súbditos, los actuales gobernantes.

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